Perú, crisis institucional sin visos de solución

Protestas_Lima_Diciembre_2022 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/

Desde el año 1990 Perú ha conocido a 11 presidentes (entre ellos 8 años de dictadura de Fujimori con un autogolpe) de los cuales cuatro han sido encarcelados, otro se suicidó en ese contexto y el resto se encuentra bajo investigación judicial. Así, la desafección entre la clase política y la población es total en el país. El país andino no sale de sus constantes inestabilidades políticas institucionales. La última y actual crisis institucional en cual se encuentra Perú es fruto del golpe de Estado que le hizo el Congreso al presidente electo Pedro Castillo. La clase política peruana se encuentra en descomposición, pero, ¿es ingobernable Perú?

El país andino es una república centralizada repartida en 24 regiones con sus respectivos gobernadores electos. En la década de los 80 se pusieron en marcha procesos de descentralización en muchos Estados latinoamericanos en aras de reforzar su limitado alcance territorial y poder acercar las instituciones a lejanas poblaciones, muchas aisladas por la mala accesibilidad además de por profundas diferencias étnicas y culturales para con la metrópoli. Estos procesos no tuvieron éxito en Perú debido también a la corrupción tal y como se vio por en el Caso Odebrecht 1 por ejemplo.

Tampoco ayudó al proceso de descentralización las exigencias económicas que su desarrollo exigía y a la carente jurisdicción del Estado en gran parte del territorio impuesta por el conflicto armado interno (CAI) (1980 – 2000) que entonces se libraba entre el Estado y las guerrillas del MRTA y el Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso. Exceptuando las grandes ciudades, en el Perú el Estado apenas ha tenido presencia en el país.

Sin monopolio de la violencia del Estado, sin servicios y sin imperio de la ley, podríamos hablar con rotundidad que nos encontramos frente a un estado fallido en el Perú.

Desde 1992 el poder legislativo es unicameral, no existe ninguna cámara de representación regional en el país. Ello supone que las regiones carecen de un senado que las represente y que refleje sus intereses y equilibre el poder institucional con el centralismo gubernamental.

Perú es multicultural. Son múltiples las identidades y orígenes dispares: europeos, asiáticos e incluso algunos africanos. Además, las naciones indígenas poseen una amalgama de lenguas (hasta 40 idiomas distintos) que dificulta al país andino definir una identidad nacional unificada. Esa indefinición identitaria debilita al estado lo que junto a la falta de contrapoder de las regiones respecto al poder central facilita las tensiones y fragmentaciones internas.

El presidente, que es jefe del ejecutivo y del Estado, concentra gran cantidad de poder siendo responsable de la defensa de la República, la designación ministerial y la ratificación legislativa. Como ocurre asiduamente, el que los resultados de las elecciones presidenciales no coincidan con los de la Asamblea Nacional significa que los partidos mayoritarios sean distintos en el ejecutivo y legislativo. Sin consenso mínimo entre las fuerzas electorales de ambos poderes, los vetos y confrontaciones emergen presentándose periodos de inestabilidad y desgobernanza en el país.

Las elecciones presidenciales a dos vueltas del Perú también favorecen la polarización de los partidos políticos ya que en la segunda vuelta los electores solo pueden optar entre dos formaciones que superen la primera ronda. En las últimas presidenciales del año 2021 por ejemplo, el después depuesto presidente Castillo obtuvo el 18% de los votos en la primera vuelta mientras que la segunda fuerza representada por Keiko Fujimori obtuvo el 13%. Ello significó que los y las peruanas debieron optar en la segunda ronda entre las listas que eran preferentes sólo para el 30% de todo el electorado. Teniendo en cuenta además que el voto es obligatorio en Perú, gran cantidad de electores vota sin criterio político, lo que se refleja en la poca concordancia entre la voluntad popular y sus representantes institucionales. El sistema electoral peruano no plasma la diversidad electoral del país

La mayoría de los candidatos de la primera vuelta son conscientes de sus nulas posibilidades de pase a la segunda, por lo que se dedican a adquirir réditos propios negociando su apoyo con algún o alguna candidata que pase a la segunda ronda. Una vez él o la electa sea presidenta, deberá negociar con todo el amplio abanico de siglas electorales que suelen defender dispares interés personales y que a su vez responden a facciones de la oligarquía peruana.

Excepto el partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori (estuvo en prisión preventiva y su partido se encuentra sometido desde hace años a varios procesos judiciales por lavado de activos) que dispone de aparato burocrático en gran parte de la geografía peruana, el resto de organizaciones electorales solo se organizan en y para los comicios. Excluyendo excepciones como la de Verónica Mendoza de Nuevo Perú, las organizaciones electorales del país andino carecen de línea política definida, estrategia o ideología por lo que se deviene difícil definirlos como partidos políticos convencionales. Las candidatas de estas efímeras listas electorales no se someten a primarias internas y no se subordinan a órgano de dirección alguno. Estas agrupaciones electorales teóricamente colectivas, son en realidad protagonizadas por individualidades excéntricas políticamente imprevisibles y con un nivel de disciplina militante escasa. Con semejante volatilidad y deslealtad de parlamentarios de (casi) todo el arco, el presidente de la República tiene dificultades de lograr compromisos que le permitan llevar a cabo políticas estables en toda la legislatura.

En el Perú, tanto el poder legislativo como el ejecutivo exponen niveles de enorme rechazo ciudadano, agravado actualmente por más de medio centenar de asesinatos acaecidos en las movilizaciones nacionales contrarias a la deposición de Pedro Castillo y la imposición de Dina Boluarte como presidenta. Hoy se ha instalado una coalición de derecha que gobierna desde el congreso, que basa su legitimidad mediante la represión de las constantes protestas populares contrarias a Boluarte. Desde una perspectiva conservadora, los actuales mandatarios vienen rediseñando el poder con el acaparamiento de instituciones como el Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, Junta Nacional de Justicia, entre muchas otras instituciones tomadas por los sectores golpistas que destituyeron ilegalmente a Castillo.

Es difícil vislumbrar certidumbre y estabilidad política peruana en el futuro, pero si las poblaciones continúan careciendo de válvula de escape política efectiva, podrían radicalizarse y abogar por vías insurreccionales e inconstitucionales. Que la situación desembocara en levantamientos populares que indujesen a unas elecciones cuyos resultados sorprendan a todas, tal y como ha ocurrido en Colombia, sería una posibilidad de futuro. Incluso podría ocurrir como recientemente en Chile que, con resultado incierto, llegaran a plantear un proceso constituyente que hasta ahora las élites de la región latinoamericana habían evitado mediante todos los medios a su alcance, incluyendo los crímenes de lesa humanidad.

 

1 En 2016 investigaciones judiciales revelaron que la empresa constructora Odebrech pagó millonarios sobornos a políticos de varios países latinoamericanos para obtener contratos y licitaciones públicas. Numerosos funcionarios regionales y locales del Perú también recibieron al respecto cuantiosas cantidades de dinero ilícito.

Iñaki Domínguez Atxalandabaso

Esta entrada ha sido publicada en Nuestras Claves y etiquetada como , , , , , , . Guarda el enlace permanente.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *